Una preocupación persistente en el ámbito del ciclismo eléctrico es la alteración de los motores de las ebikes. Marcas reconocidas como Shimano y Bosch están implementando medidas para prevenir la manipulación de sus dispositivos, sumándose recientemente la marca Brose a esta tendencia.
Modificar un motor de bicicleta eléctrica Pedelec para que asista a velocidades superiores a los 25 km/h es ilegal y, más allá de las sanciones correspondientes, representa una amenaza para los ciclistas de montaña y la industria en general. Esto podría desencadenar regulaciones más estrictas por parte de las autoridades, dado el riesgo de seguridad asociado con dichas modificaciones.
Los fabricantes de motores tienen un interés directo en evitar la piratería de sus dispositivos, ya que esto podría resultar en la prohibición de las ebikes en entornos montañosos, generando pérdidas económicas significativas. Por ello, están invirtiendo considerablemente en ciberseguridad para hacer que hackear sus motores sea prácticamente imposible. Incluso, toman medidas como la invalidación de la garantía, el bloqueo y la inutilización del motor, así como la inhabilitación de las baterías en caso de detectar intentos de modificación.
El más reciente en anunciar medidas ha sido el fabricante Brose, quien está fortaleciendo la ciberseguridad de su nuevo modelo Drive3 Peak de 48 V antes de su lanzamiento al mercado. Estableciendo barreras sólidas para prevenir posibles manipulaciones externas o intentos de alterar la velocidad del motor, la empresa ha recurrido a CYRES Consulting, una firma experta en ciberseguridad, que se cree está utilizando métodos criptográficos para proteger el motor.
Todas las marcas de motores comprenden la importancia de evitar la manipulación de la velocidad límite, pues están conscientes de que cualquier mal uso o mala imagen de sus productos podría resultar en regulaciones severas para las ebikes, como su prohibición en ciertas áreas, la exigencia de licencias o seguros. Otra acción que están intentando llevar a cabo es la prohibición de la venta de chips de manipulación, aunque hasta el momento no han tenido éxito en este aspecto.